La participación de las mujeres en la política es un indicador clave de la igualdad de género y la democracia. Sin embargo, a pesar de los avances logrados en las últimas décadas, las mujeres siguen estando subrepresentadas en los cargos públicos y en los procesos de toma de decisiones. Según los datos de la Unión Interparlamentaria (UIP), solo el 25,5% de los escaños parlamentarios del mundo están ocupados por mujeres, y solo el 21,9% de los jefes de gobierno son mujeres.
¿Qué factores explican esta brecha de género en la política?
Algunos de los obstáculos más comunes son los estereotipos y prejuicios sociales que cuestionan la capacidad y legitimidad de las mujeres para liderar; la falta de apoyo financiero y mediático a las candidatas; la violencia política y el acoso que sufren las mujeres en el ámbito público; y las barreras institucionales y legales que dificultan el acceso de las mujeres a los espacios de poder.
Para superar estos desafíos, se requieren medidas que promuevan una mayor participación y representación de las mujeres en la política, tanto en el ámbito nacional como internacional. Algunas de estas medidas son: la adopción de sistemas electorales que favorezcan la paridad; la implementación de cuotas o acciones afirmativas que garanticen un mínimo de candidatas; la creación de redes y alianzas entre mujeres políticas y organizaciones de la sociedad civil; la sensibilización y capacitación sobre la importancia del liderazgo femenino; y la protección y defensa de los derechos humanos de las mujeres.
La brecha de género en la política no solo afecta a las mujeres, sino también al desarrollo sostenible, la paz y la democracia. Las mujeres aportan perspectivas, experiencias y soluciones diversas e innovadoras a los problemas que enfrentan sus comunidades y países. La inclusión de las mujeres en la política es una cuestión de justicia, equidad y derechos humanos.
Datos reales de la brecha de género en la política
Según los datos de la Unión Interparlamentaria (UIP), a julio de 2021, solo el 25,6% de los escaños parlamentarios en el mundo eran ocupados por mujeres, lo que representa un aumento del 11,3% desde 1995. Sin embargo, este progreso ha sido desigual entre las regiones y los países, y existen grandes disparidades según el tipo y el nivel de cargo político.
Por ejemplo, las mujeres representan el 21,9% de los jefes de Estado o de gobierno electos, el 21,2% de los ministros y el 36,3% de los miembros de los parlamentos subnacionales. Además, solo 4 países (Ruanda, Cuba, Nicaragua y México) han alcanzado o superado la paridad de género (al menos el 50% de mujeres) en sus cámaras bajas o únicas, mientras que 20 países no tienen ninguna mujer parlamentaria.
Los datos también muestran que las mujeres enfrentan mayores obstáculos y barreras para acceder y permanecer en la política que los hombres. Algunos de estos factores son: la persistencia de normas sociales y culturales discriminatorias, la violencia política basada en el género, el acceso limitado a la educación, la financiación, los medios de comunicación y las redes de apoyo, y la falta de medidas especiales para promover la representación equitativa, como las cuotas o las listas paritarias.
La brecha de género en la política tiene consecuencias negativas para la democracia, el desarrollo y los derechos humanos. La exclusión o marginación de las mujeres limita la diversidad y la calidad de las políticas públicas, así como la rendición de cuentas y la transparencia. Por el contrario, la inclusión y el liderazgo de las mujeres contribuyen a ampliar las perspectivas y las prioridades en la agenda política, a fortalecer la confianza y la participación ciudadana, y a mejorar los resultados sociales y económicos para toda la población.
Por lo tanto, es fundamental promover una mayor participación y representación de las mujeres en la política, así como garantizar que puedan ejercer sus funciones en condiciones de igualdad y seguridad. Para ello, se requiere un compromiso firme y sostenido de todos los actores políticos e institucionales, así como de la sociedad civil y los medios de comunicación, para eliminar las barreras estructurales y culturales que impiden el pleno ejercicio de los derechos políticos de las mujeres.